Los peritos del Estado en cuyo informe se basó gran parte del caso de los ERE, y por tanto las condenas a muchos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, participaron ayer en el juicio relativo a los 750.000 euros que recibió el Ayuntamiento de Los Palacios para construir un centro ecuestre que nunca se levantó. Su comparecencia en la Audiencia de Sevilla, por videoconferencia desde Madrid, se salió del guion que habían marcado en todas las vistas orales de la macrocausa que se han celebrado. Por supuesto pusieron todas las pegas posibles a la Administración, que otorgó la subvención de forma “discrecional”, pero también dieron a entender que el beneficiario, el Ayuntamiento palaciego, no tuvo por qué cometer alguna irregularidad. O al menos ellos no tuvieron “conocimiento” de eso.

Los protagonistas eran los de siempre: Ángel Turrión como portavoz oficioso, Eduardo Villaseca a su derecha y Rosa Hernández a su izquierda. Los expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) estaban siendo cuestionados por la defensa de Emilio Amuedo (el alcalde que en 2003 firmó un protocolo de intenciones con el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero) por si el Ayuntamiento había tomado parte en la decisión de la Junta de concederle la ayuda. “Cuando la recibe, es porque la ha pedido, aunque fuese verbalmente”, respondió Turrión. Y al ser insistido sobre el crucial papel de la Administración y el rol secundario del Consistorio, añadió: “Por supuesto que todo parte de diversos errores de la Dirección General de Trabajo, y en general de la Junta en el procedimiento para conceder esas ayudas. Eso no obsta para que existan otras irregularidades en otras instancias administrativas, en este caso el Ayuntamiento de Los Palacios, de las que no tenemos conocimiento”. Y ese es el matiz inédito. Ahora está por ver si será trascendental para el devenir del juicio.

Por lo demás, los peritos admitieron que el protocolo inicial “no tenía relevancia jurídica” y que el Ayuntamiento no intervino en el posterior convenio por el que la Junta libró los fondos. Fue eso lo que ellos analizaron. “No hubo solicitud ni resolución de concesión de la ayuda. No hubo un plazo para el proyecto, ni obligación para el beneficiario, ni control de la Dirección General de Trabajo. Realmente no era un expediente administrativo al uso, ni mucho menos legal”, reiteraron. También se extrañaron de que la ayuda total fuese fijada en “150 millones de pesetas, ni una más ni una menos”. De la redondez de la cifra dedujeron que “la valoración se hizo a tanto alzado, por decirlo finamente”.