LOS ánimos en el sector agrario vuelven a estar encendidos cuando se publica este suplemento del 40 aniversario de DIARIO DE JEREZ, periódico que ha narrado los éxitos y avances logrados con el sudor y el sacrificio de los agricultores y ganaderos de la campiña jerezana y el resto de la provincia, pero también sus sinsabores y tropiezos en un camino repleto de obstáculos que, con más o menos fortuna, han ido sorteando en todos estos años.

En un momento en el que el sector atraviesa por uno de sus situaciones más complicadas en estas cuatro décadas de adaptación permanente a los nuevos tiempos y gustos de los consumidores, en un escenario de cambio climático que reclama un esfuerzo de toda la sociedad, no siempre correspondido por las luchas de poder auspiciadas por intereses económicos muy dispares, los agricultores y ganaderos reivindican su condición de sector estratégico, muchas veces denigrada y difamada por la falsa imagen de actividad subsidiada que se traslada a la opinión pública.

El 40 aniversario coincide, además, con uno de los ciclos de sequía más largos que se recuerdan y que se manifiesta con especial virulencia en Andalucía, tierra agrícola por excelencia que ve cómo las autoridades comunitarias, con la anuencia de las estatales y autonómicas, avanzan en su renuncia a la soberanía alimentaria mientras permiten la entrada a destajo de alimentos producidos en terceros países sin los requisitos sanitarios y medioambientales que se exigen en territorio europeo, y sin los controles oportunos para evitar que se ponga en riesgo la salud de los consumidores.

Tractorada en Jerez de las últimas movilizaciones protagonizadas por el sector este año.

Con las cosas de comer no se juega. Sin agua no hay alimentos, pero tampoco los puede haber sin rentabilidad, las dos patas en las que convergen las reivindicaciones en estos días del sector, que se ha echado nuevamente a la calle para reclamar medidas que garanticen su viabilidad, entre las que básicamente destacan el establecimiento de precios dignos, controles que pongan freno a la competencia desleal, así como políticas medioambientales racionales, pero también un plan de choque frente a la sequía en la provincia, donde las últimas infraestructuras hidráulicas de calado datan, precisamente, de la época en la que inició su andadura este periódico.

Aquellos años 80

Diario de Jerez nació en una época convulsa para el campo, que discurre en la pugna entre el intervencionismo auspiciado por la aprobación de la reforma agraria andaluza y el libre comercio que promulgaría la posterior incorporación de España a la Unión Europea, por entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE). La entrada en el mercado común en 1986 dio al traste con el ideal del reparto de tierras que perseguía la Reforma Agraria, que junto al PER y el subsidio agrario, contribuyó decisivamente a apaciguar los ánimos de los jornaleros en su lucha contra los desequilibrios de la estructura de la propiedad, grandes latifundios en manos de unos pocos contra el que reclamaban el acceso bajo el lema ‘la tierra, para el que la trabaja’.

El sector agrario arrastra un grave problema de falta de relevo generacional y de mano de obra cualificada

En Jerez convivían grandes latifundios con pequeñas parcelas de unas cinco hectáreas con las que malvivían las familias en los pueblos de colonización, que en estos cuarenta años han sufrido una completa transformación por la concentración de tierras a raíz de la mecanización y modernización del sector, apunta Miguel Pérez, secretario provincial de COAG.

De las cinco hectáreas se ha pasado a las quince que se requieren en la actualidad para vivir dignamente del campo, uno de los sectores más envejecidos por la falta de relevo generacional y que se enfrenta, además, a un grave problema para encontrar mano de obra, sobre todo cualificada, explica el responsable agrario.

Los recortes de la PAC

Las aspiraciones de los jornaleros a la propiedad de la tierra y su movilización dieron paso pronto al proceso de adaptación a la Política Agrícola Común (PAC), la única política real que ha existido en Europa, aunque con reformas no siempre bien recibidas por los agricultores de los países mediterráneos, con prácticas e intereses muy contrapuestos a los del norte y a los que rara vez han sabido dar encaje los burócratas de Bruselas.

Tras el proceso de adaptación inicial, Pérez señala que el gran cambio llegó con el desacoplamiento de las ayudas de la PAC en el cambio de milenio: “Antes se primaba la producción y con la reforma intermedia de la PAC las ayudas pasaron a ser para las hectáreas; por la mera tenencia de la tierra se daban ayudas, que se constituyeron en derechos, lo que en lenguaje coloquial se conoce como la mochila. Ahí se empezó a perder la batalla”.

Manifestación por las calles de Jerez en protesta por el cierre en 2001 de la fábrica azucarera de Jédula.

Y luego se dio otra vuelta de tuerca a la Política Agrícola Común, que se desentendió de los mercados, lo que acabó plasmándose en Jerez en la reestructuración del sector remolachero, cultivo histórico de gran importancia social en la zona, la capital de la remolacha de la zona sur donde cerraron sus puertas dos de las tres azucareras -la de Jédula y la de Guadalcacín-. A día de hoy, aún se mantiene en funcionamiento la fábrica del Guadalete, que pasó a manos de un gigante británico del sector y con la superficie destinada a este cultivo bajo mínimos.

La renuncia al principio básico de la soberanía alimentaria se agudizó con el paso de los años, estos últimos con la PAC enfocada a las políticas medioambientales y al impulso de la burocratización. Los agricultores sienten cada vez más que quieren expulsarlos, aburrirlos, como se puede ver en muchas de las pancartas de las últimas manifestaciones, situación que Pérez considera que “es palpable en Jerez con la entrada de fondos de inversión en el campo”, sobre todo en explotaciones de olivar intensivo y superintensivo y con la proliferación de proyectos de energías renovables en tierras de labor.

El dinamismo de los profesionales del campo ha permitido salvar muchos de los escollos que la agricultura y la ganadería se ha encontrado por el camino en todos estos años, aunque el sector cada vez cuenta con menos activos y con menos fondos, en particular en la Baja Andalucía y la zona del Guadalete, donde “el recorte ha sido tremendo”.

Esto ha provocado un giro en las protestas de los agricultores y ganaderos, que “históricamente nos movilizábamos por el territorio y los cultivos –como ocurrió con el algodón, que a diferencia de la remolacha, logró salvarse de la quema en esta zona– y ahora todo el mundo va en el mismo barco, fruto del malestar general que existe en el sector”.

Planes de Sequía

En los convulsos años ochenta y en los noventa, el regadío de la campiña entró en plena expansión con la declaración de nuevas zonas de riego o la incorporación de los riegos de apoyo al secano en los que la remolacha encontró un filón. Se planteó así la necesidad de aumentar la capacidad de agua embalsada para garantizar el abastecimiento. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por entonces a cargo de las cuencas del Guadalete y Barbate, acometió en aquella época las últimas grandes actuaciones en infraestructuras para paliar el déficit hídrico: el trasvase Guadiaro-Majaceite y la construcción del pantano de Guadalcacín II, el gigante de los embalses de la provincia -ostenta la mitad de la capacidad total de los embalses de la cuenca- sin el que sería impensable poder hacer frente a la sequía actual.

Obras de modernización de los canales de riegos de la centenaria comunidad de regantes del Guadalcacín.

La falta de agua, aunque aliviada por las precipitaciones registradas en febrero y marzo de este año, es precisamente otra de las reivindicaciones que esgrimen las organizaciones agrarias durante sus movilizaciones de los últimos meses, en las que reclaman un plan de choque contra la sequía específico para la provincia. Lejos de reclamar grandes infraestructuras, el secretario de COAG-Cádiz indica que las actuaciones que se precisan son pequeñas obras con un coste limitado: adecuación del canal de Tablellina para el uso de su agua en zona regable del Guadalcacín; el trasvase de Bornos a Guadalcacín II, ya que el primero de los embalses recoge mucha agua pero tiene escasa capacidad; abrir la puerta al abastecimiento para uso de boca -consumo urbano- desde los Hurones en lugar de Guadalcacín, del que se surte a los regantes; y establecimiento de una tasa turística para la construcción de desaladoras que abastezcan a la población flotante que tiene la provincia en temporadas altas y “que no sean siempre los agricultores los que paguen los platos rotos”, indica Pérez en clara alusión al recorte del 75% de la dotación de agua que sufren los regantes en la presente campaña agrícola pese a la relajación de las restricciones al sector turístico aprobada en la reunión celebrada pocos días antes de Semana Santa de la comisión para la gestión de la sequía en la cuenca del Guadalete-Barbate.

El sector agrario atraviesa una de sus peores crisis por los recortes de la PAC, los bajos precios y la sequía

La estructura de la propiedad heredada de los pueblos de colonización, junto al PER y el subsidio agrario -pese a los detractores que consideran que estas medidas sólo propician un voto cautivo- han contribuido decisivamente a la fijación de la población al territorio en la zona rural jerezana, ajena al problema de despoblación que sufre la España vaciada. “Pero no todo va a ser turismo rural y artesanía”, señala Miguel Pérez, quien asegura que “la agricultura es el principal motor de la economía de la zona rural y, si eso cambia, la gente dejará de vivir en los pueblos”.

Entre una cosa y al otra, la agricultura arrastra la mal atribuida fama de ser una actividad subsidiada, pero ¿está la sociedad preparada para hacer frente al coste que tendrían los alimentos sin las ayudas?. La respuesta está clara; sirva de ejemplo el aceite de oliva -en el inicio de la guerra de Ucrania fue el de girasol-, con el precio disparado hasta el punto de que muchos consumidores han reducido drásticamente su consumo por la imposibilidad de pagar el triple o el cuádruple de lo que costaba.

Gran centro agroalimentario

Capítulo aparte merece el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA de Jerez), proyecto que estaba llamado a revolucionar el sector con una mayor diversificación de las producciones, su transformación y comercialización, pero al que las disputas partidistas -entre PP y PSOE- condenaron al fracaso, motivo por el que el secretario provincial de COAG cree que le sobra su apellido: agroalimentario.

El PTA dio sus primeros pasos bajo el nombre de Centro Agroalimentario Integrado (CAIde Jerez) con la constitución de la sociedad promotora a finales de 2003 y el posterior impulso a la adquisición de los terrenos y el inicio de su urbanización con la partida de once millones de euros aprobada por el jerezano Miguel Arias, por entonces ministro de Agricultura.

El acto protocolario de la primera piedra, en 2005, generó grandes expectativas, hasta el punto de agotarse el suelo disponible, por lo que años más tarde se inició su ampliación, ya bajo el nuevo nombre de PTA -la excusa del cambio fue que sólo así podía integrarse en la red de parques tecnológicos de Andalucía, que a efectos prácticos, no sirvió para nada-.

El edificio singular del Parque Tecnológico Agroalimentario con el viñedo plantado junto a su fachada, hoy en día en estado de semi abandono.

Con más pena que gloria, el PTA fue alejándose del propósito tecnológico con el paso de los años y, para colmo, el Ayuntamiento dejó a medias las obras de los edificios del Centro Tecnológico del Vino y el contenedor de empresas, financiados por el Gobierno central, que reclamó la devolución de subvenciones no ejecutadas.

La sociedad promotora del parque entró en quiebra en 2014, declarándose el concurso de acreedores para evitar la devolución o el embargo por importe de los diez millones de euros en subvenciones destinados a otros fines.

El largo proceso del concurso de acreedores acabó en liquidación, quedando desiertas las subastas de los edificios de titularidad pública a medio construir, los mismos que el Ayuntamiento logró recuperar para cederlos este mismo año mediante mutación demanial a la Junta de Andalucía para el futuro Laboratorio de Control Oficial Agroalimentario.

Según Miguel Pérez, “ni el antiguo CAI ni el PTA han llegado a ser lo que se esperaba pese a que tuvieron unos principios muy ilusionantes, un buen embrión, con el que se demostró el gran potencial que tiene la zona”. A su juicio, no está todo perdido, toda vez que cree que “la idea se puede retomar para que Jerez sea el gran centro agrario de la provincia, lo que puede atraer muchas inversiones a la zona”. Ahí queda el reto, que cabe esperar no tarde 40 años en cuajar, como los transcurridos desde que este periódico vio la luz.