Ano ser que se produzca un nuevo giro inesperado de los acontecimientos, lo que no hay que descartar a la vista de la trayectoria del personaje, Pedro Sánchez comunicará mañana si continúa al frente del Gobierno o si presenta su dimisión. Lo hará cinco días después de haber anunciado que abandonaba su agenda pública e iniciaba un periodo de reflexión, un hecho sin precedentes y algo parecido a una espantada de difícil encaje institucional. Es evidente que, tras el órdago de Sánchez, se resuelva este en la dirección que lo haga, las cosas no van a poder seguir siendo igual que lo eran a principios de esta semana. Sánchez ha forzado la situación hasta extremos que han supuesto un vuelco de imposible reconducción. Más allá de su victimización, subrayada ayer de forma patética en la concentración de miles de socialistas ante la sede de Ferraz, el presidente del Gobierno ha planteado una especie de pulso que implica tanto al resto de las fuerzas políticas como al estamento judicial o incluso a los medios de comunicación. Y ello va a tener unas consecuencias que sería absurdo obviar. Aun admitiendo el daño que se le ha hecho, a él y a su familia, con las denuncias contra su esposa y la herida íntima que esta circunstancia le ha podido causar, el comportamiento de Sánchez no tiene justificación ni desde el punto de vista de la responsabilidad de su cargo ni del de la ética política. A partir de mañana se abre una nueva etapa en esta extraña, crispada y caótica legislatura, con Sánchez o sin Sánchez al frente de ella. A la vista de la situación que se arrastraba y de la que ahora se ha creado quizás lo más conveniente sería darles la voz a los ciudadanos o a sus representantes. Hay mecanismos constitucionales para ello: elecciones si se va, cuestión de confianza o moción de censura si se queda.